¿Quién debe asumir los gastos de desplazamiento para disfrutar de los hijos menores?

Lo habitual en los procesos de familia es que ambos progenitores vivan en un mismo entorno, o al menos, en la misma localidad.

Sin embargo, cada vez es más frecuente que esta situación se vea alterada (por la movilidad en el trabajo o por otras razones) y se plantea entonces la espinosa cuestión de si le corresponde tan sólo al progenitor no custodio la obligación de llevar y traer al menor, con el consiguiente gasto e inversión de tiempo en los desplazamientos…

Lo óptimo, bajo mi punto de vista, es que ambos progenitores valoren la situación de cada uno, lo que le supone realmente esta inversión de tiempo/dinero, la necesidad del traslado o cambio de domicilio y en general, todos los factores que afectan a cada situación concreta. No es lo mismo que uno decida voluntariamente cambiar el domicilio a 1000 kilómetros… a que a uno le trasladen a otra localidad o tenga que mudarse para atender a un familiar, o cualquiera de las situaciones que la vida presenta.

Pero esto no siempre sucede así y entonces la persona busca un criterio objetivo e inevitablemente pregunta: ¿Qué dice la ley sobre esto?

Pues nada. La ley no tiene previsto este supuesto. Pero la jurisprudencia sí. Y ése sí puede ser considerado un criterio razonable que argumentar en este tipo de situaciones: cómo se ha resuelto esto mismo con anterioridad.

Y lo ha hecho de un modo muy equitativo: compartir tanto la obligación de llevar y traer, como el gasto que ello supone. Incluso ha ido más allá, fijando un curioso sistema en el que existe una norma general y un régimen subsidiario, en otros casos. Veamos qué ha dicho el Tribunal Supremo sobre esta cuestión.

La STS de 26 de mayo de 2014, sentencia 289/14, hace el siguiente análisis:

Alega el recurrente que se vulnera el interés del menor y el reparto de  cargas entre los padres, al imponer al recurrente que se encargue en exclusiva de la recogida y retorno del menor al domicilio de la madre, lo que le supondría, según alega, recorrer aproximadamente 1.200 km mensuales, suponiendo ello una carga económica importante. Que el equipo psicosocial proponía la misma solución adoptada por el Juzgado. Que el reparto de cargas económicas, repercute en beneficio del menor. 

 Solicita que para el reparto de cargas derivada de los desplazamientos para ejercitar el régimen de visitas de los hijos menores, deben ponderarse los factores e informes psicosociales existentes, la situación económica de los progenitores y cuantos factores puedan repercutir en el sostenimiento de esa carga. 

Fijada la doctrina contradictoria existente sobre la materia debe determinarse por esta Sala, cuál sea la doctrina aplicable al caso y la procedente, por tanto, en interés casacional. 

Para ello esta Sala debe ajustarse a dos principios generales de ineludible observancia en esta materia. 

  1. El interés al menor, art. 39 Constitución y art. 92 Código Civil.   
  2. El reparto equitativo de cargas, art. 90 c) y art. 91 del Código Civil. 

Es esencial que el sistema que se establezca no pierda de vista el interés  del menor, de forma que no dificulte su relación con cada uno de los progenitores. 

Por otro lado, es preciso un reparto equitativo de cargas, de forma que ambos progenitores sufraguen los costes de traslado de forma equilibrada y proporcionada a su capacidad económica, teniéndose en cuenta sus circunstancias personales, familiares, disponibilidad, flexibilidad del horario  laboral, etc. 

Para determinar el criterio que contribuya a clarificar la cuestión es preciso que se establezca un sistema prioritario y otro subsidiario, dado que pueden presentarse diferentes situaciones y será necesario ofrecer soluciones alternativas adaptadas a las particularidades de cada situación. 

 En base a ello la Sala declara que para la determinación de quién es el obligado a trasladar y retornar al menor del domicilio de cada uno de los progenitores se habrá de estar, al deseable acuerdo de las partes, en tanto no viole el interés del menor y en su defecto

  1. Cada padre/madre recogerá al menor del domicilio del progenitor custodio, para ejercer el derecho de visita y el custodio lo retornará a su domicilio. Este será el sistema normal o habitual. 
  2. Subsidiariamente, cuando a la vista de las circunstancias del caso, el sistema habitual no se corresponda con los principios expresados de interés del menor y distribución equitativa de las cargas, las partes o el juez podrán atribuir la obligación de recogida y retorno a uno de los progenitores con la correspondiente compensación económica, en su caso y debiendo motivarse en la resolución judicial. 

Estas dos soluciones se establecen sin perjuicio de situaciones extraordinarias que supongan un desplazamiento a larga distancia, que exigirá ponderar las circunstancias concurrentes y que deberá conllevar una singularización de las medidas adoptables

TERCERO.- A la vista de lo declarado, en la resolución recurrida no se especifica qué criterio legal es el seguido para atribuir en exclusiva al padre la obligación de recogida y retorno, declarándose en la misma que “siendo lo lógico que el progenitor que reside en localidad distinta que el menor lo recoja en el domicilio de residencia de este y se encargue y responsabilice de devolverlo al mismo concluido el período de estancia o visita”. 

En la resolución recurrida, no se pondera expresamente el interés del menor y el reparto equitativo de cargas, por lo que ha de ser casada, y asumiendo esta Sala la instancia, debemos dictar fallo en el mismo sentido que la sentencia de primera instancia, a la vista de los escasos ingresos de los padres y del notable kilometraje que se ha de desarrollar pese a la escasa distancia entre los municipios, derivado ello del amplio régimen de visitas. 

Por tanto, debe el padre recoger al hijo en el domicilio materno y será la madre quién irá a por él al domicilio paterno cuando concluya el régimen de visitas o estancia”.

Pero como siempre, en casos de familia y ante cualquier tipo de dudas, lo mejor es consultar al profesional.

 

¿Es gasto ordinario o extraordinario?

 

¿Cuándo sé si esto es un gasto ordinario, ya cubierto, con la pensión de alimentos o por el contrario, es un gasto extraordinario?

Por ejemplo, una silla de bebé para el coche, a simple vista es un gasto extraordinario, está fuera de los gastos normales pero ¿lo es de acuerdo con nuestra jurisprudencia?

En primer lugar, para que un gasto sea considerado extraordinario, debe reunir una serie de requisitos, según nuestra jurisprudencia más consolidada:

  • 1º. Ser necesario, esto es, no debe ser superfluo o secundario.
  • 2º. No tener una periodicidad prefijada.
  • 3º. Ser imprevisible al momento de fijarse la pensión de alimentos.
  • 4º. No estar cubierto por los alimentos o gastos ordinarios.

En consecuencia, parece que este gasto (la compra de una sillita para el coche) forma parte de las necesidades de un bebé, es un gasto previsible, por lo que pudo y debió ser valorado a la hora de fijar la pensión de alimentos. La conclusión entonces es que debe ser considerado un gasto ordinario, encuadrado dentro de la pensión de alimentos.

Este análisis, habrá de hacerse con cada uno de los gastos que se vayan devengando, para evitar sorpresas de una y otra parte. Así, lo mejor es preguntarse:

Este gasto ¿era necesario, previsible o periódico? Si la respuesta es afirmativa, entonces estaremos ante un gasto ordinario. En caso contrario, extraordinario.

Y asimismo, tener en cuenta que la jurisprudencia de nuestros Tribunales va adaptándose y ajustándose a las necesidades de cada momento, luego ante la duda, lo mejor es acudir a un profesional que nos asesore sobre nuestro caso específico.

¿Cuándo se puede solicitar la modificación de las medidas contenidas en una sentencia de divorcio/separación?

Con frecuencia se plantea esta pregunta y mi respuesta suele centrarse en algo a veces no tan obvio: la modificación de las medidas contenidas en la sentencia no está sujeta a la voluntad de las partes. Es más, pudiera ocurrir que ambas partes estuvieran de acuerdo en modificar estas medidas pero no se den los presupuestos legales. Obviamente, las partes, en su día a día, pueden introducir las modificaciones que deseen en el desarrollo de estas medidas, pero en caso de desacuerdo, el régimen aplicable es el aprobado en sentencia. De ahí que sea muy importante detenerse a la hora de fijar aquél y tener bien claro los supuestos en los que sí se puede modificar.

La Ley de Enjuciamiento civil establece en su artículo 775.1:

El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges, podrán solicitar del tribunal que acordó las medidas definitivas, la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas”.

 

Sobre este artículo se han escrito ríos de tinta…

 

Pero por su claridad y desarrollo sistemático, reproduzco el fallo de una sentencia del Juzgado de Primera Instancia 17 de Sevilla de 16 de febrero de 2016. Merece la pena echarle un ojo.

Partiendo de un análisis jurisprudencial se deduce que la alteración de las circunstancias ha de haberse producido con posterioridad a la sentencia que fijó las medidas, ha de ser sobrevenida, relevante, permanente, ajena a la voluntad del cónyuge que insta la modificación y suficientemente acreditada por éste.

1) Alteración sustancial y relevante: la SAP Navarra de 27 mayo 2002 requiere para la viabilidad y éxito de la modificación pretendida la concurrencia de un presupuesto cierto y fundamental que altere sustancialmente las bases donde se asentaron las medidas y acuerdos que se pretenden modificar, es decir, no se trata de aportar criterios meramente subjetivos o de complacencia, sino verdaderas razones, suficientemente probadas, necesarias y convenientes para la viabilidad del efectivo cese de las medidas en su día acordadas, incumbiendo a quien las alega la obligación de su prueba y acreditación. Se exige que las alteraciones sean trascendentales, fundamentales y no de escasa o relativa importancia, como determina la SAP Baleares de 9 mayo 2002 . Además, el cambio de la situación previa ha de revestir la suficiente entidad como para que, de mantenerse lo antes acordado, se derive un grave perjuicio para los hijos. Como señala la SAP Toledo de 17 abril 2000 la modificación de las medidas o efectos secundarios consecuentes a la separación conyugal o al divorcio, acordadas en la sentencia correspondiente, únicamente puede tener lugar cuando se produzca una alteración seria o sustancial de las circunstancias contempladas al dictar dicha resolución. Así pues, para reconocer como sustancial una alteración de las circunstancias, se precisa que las condiciones personales y patrimoniales de las partes, sobre los que se basan los efectos, aparezcan modificadas cualitativa y cuantitativamente sin que cumplan o satisfagan las necesidades que deben llenar y atender satisfactoriamente, según lo acordado por los interesados o lo resuelto judicialmente.

 
2) Alteración sobrevenida: La variación en las circunstancias ha de ser consecuencia de hechos nuevos, sobrevenidos, que no pudieron ser tomados en consideración en el momento en que se adoptaron las medidas que se pretende modificar, bien por haberse producido con posterioridad a ese momento, o bien porque no se pudo razonablemente prever su aparición e influencia. El cambio debe tener carácter imprevisible, no pudiendo, en consecuencia, encuadrarse en las previsiones legales de modificación aquellos cambios de circunstancias que ya fueron contemplados, en visión de futuro, al momento de dictarse la resolución judicial que se intenta modificar, o se intuyera su advenimiento en un elemental cálculo previsor. Por tanto, si la modificación se interesa en razón de circunstancias o acontecimientos que ya estaban previstos o que pudieron preverse, no será posible entonces atender a la pretensión modificatoria. Así se manifiesta la SAP Navarra de 31 mayo 2002 .
Abundando en esta doctrina, la SAP Toledo de 17 abril 2000 considera necesaria la concurrencia de circunstancias de algún modo imprevistas o que no fueron tenidas en consideración en aquel momento, más allá de las variaciones que pudieran considerarse ordinarias y habituales en la vida familiar, con respecto a la situación fáctica que se tuvo en cuenta en el convenio extrajudicial o, en su caso, en la sentencia, y que exija un replanteamiento de las relaciones personales o económicas inherentes a tales medidas. En consecuencia, no tendrán virtualidad para justificar dicha modificación los acontecimientos que, aún sobrevenidos, hubiesen sido ya contemplados, siquiera implícitamente, ni aquellos que, aun suponiendo una alteración de las circunstancias, no inciden de manera esencial y básica en las condiciones de hecho que se tuvieron en cuenta en el acuerdo, pudiendo deducirse racionalmente que, de haberse previsto, no habrían determinado un cambio en los términos del convenio.

 
3) Alteración permanente: Los sucesos causantes del cambio de la anterior situación deben tener carácter estable, duradero, con vocación de permanencia, de modo que las nuevas circunstancias no sean meramente coyunturales o transitorias.En este sentido, la SAP Baleares de 9 mayo 2002 afirma que la alteración de las circunstancias ha de tener estabilidad o permanencia en el tiempo y no ser meramente coyuntural, sino con estructuración suficiente que haga necesaria la modificación de la medida, excluyéndose toda forma de temporalidad.

 

4) Alteración ajena a quien insta la modificación: La alteración de las circunstancias debe haber sido causada por hechos ajenos a la voluntad unilateral de quien propugna la modificación de las medidas acordadas en la Sentencia de nulidad, separación o divorcio. Así, la SAP Baleares de 9 mayo 2002 declara que si la alteración, aunque sea sustancial, ha devenido por dolo o culpa del que solicita la modificación de medidas, no puede producirse su cambio o modificación, ya que habrá sido intencional o culposamente conseguida, so pena de fraude de ley, abuso de derecho o quebrantamiento de los principios de la buena fe. Por su parte, la SAP Madrid de 16 julio 1999 declara que es necesario que los cambios no sean propiciados voluntariamente por alguna de las partes, precisamente aquélla que insta el proceso modificatorio.

 
5) Alteración acreditada: La existencia de una modificación radical de las circunstancias ha de ser probada por quien solicita el establecimiento de nuevas medidas. En efecto, la alteración de las circunstancias debe de ser plenamente acreditada como real, descartando toda ficción, por imponerlo así la seguridad jurídica, puesto que supone dejar sin efecto en alguna medida lo acordado en una resolución judicial firme y ejecutoria. La SAP Baleares de 9 mayo 2002 indica que toda la fuerza argumentativa debe concentrarse en mostrar la alteración sustancial y significativa de las circunstancias o los eventos no eludibles. Ello es así porque un mínimo de seguridad jurídica indica que la regla general es la inalterabilidad de esas medidas y la excepción su modificación. Es necesario acreditar cumplidamente los hechos nuevos, utilizando para ello todos los medios de prueba admitidos en derecho. Conforme al artículo.217 LEC la carga de la prueba recae sobre el cónyuge que solicita la modificación, como indica la SAP Madrid de 5 febrero 2002 y la SAP Madrid de 24 enero 2002 . Además, hay que tener en cuenta que la actividad probatoria ha de dirigirse tanto al momento en que concurrían las circunstancias existentes cuando se adoptaron las medidas cuya modificación se pretende, como al momento actual, a fin de valorar si existe o no cambio en las mismas.

Doctrina del Tribunal Supremo respecto de la custodia compartida

Por su interés, en relación con la custodia compartida, reproduzco el texto íntegro de esta Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de febrero de 2015, dictada en el Recurso 890/2014, siendo ponente D. Francisco Javier Arroyo Fiestas. Me he permitido resaltar en negrita aquellos párrafos que me parecen más llamativos y contundentes. Merece la pena echar un vistazo…

SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Febrero de dos mil quince.
Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los magistrados al margen reseñados, los
recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos contra la sentencia del recurso de
apelación núm. 3900/2013, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla , que dimana de autos
de juicio de divorcio contencioso núm. 795/2012 del Juzgado de Primera Instancia número 23 de Sevilla, cuyos
recursos fueron preparados ante la citada Audiencia por la procuradora doña Mercedes Muñoz Martínez, en
nombre y representación de don Camilo , compareciendo en esta alzada, en su nombre y representación, el
procurador don Juan Ignacio Valverde Cánovas en calidad de recurrente y la procuradora doña Isabel Torres
Ruiz en nombre y representación de doña Justa en calidad de recurrido y con la intervención del Ministerio
Fiscal.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- 1.- El procurador don Manuel Ignacio Pérez Espina, en nombre y representación de doña
Justa , interpuso demanda de juicio de divorcio, contra don Camilo y alegando los hechos y fundamentos
de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia «por la que,
estimando la presente demanda, decrete el divorcio judicial del matrimonio formado, D.ª. Justa y D. Camilo
acordándose la adopción de las siguientes MEDIDAS DEFINITIVAS:
a).- Disolución del vínculo matrimonial de los cónyuges, con cese de la presunción de convivencia y
revocación de todos los poderes y consentimientos existentes entre los mismos.
b).- Asignación a la madre de la guarda y custodia del hijo menor, Gabriel , quedando la patria potestad
compartida entre ambos, requiriendo la concurrencia en la voluntad de ambos para cuantas decisiones
revistan gravedad o trascendencia, en especial, aquellas relacionadas con su formación, salud o educación.
c).- Atendiendo al interés prioritario del hijo en común, Gabriel , y sin perjuicio de lo que pudieran
acordar ambas partes, se acuerda se establezca en favor del esposo el siguiente régimen de visitas:
– Semanal: El padre tendrá consigo al hijo un fin de semana de cada dos, de viernes tarde a la salida
del colegio hasta el domingo a las 20,00 horas en periodo escolar y a las 21,00 horas en periodo vacacional.
– Intersemanal: El padre tendrá consigo al hijo los martes desde la salida del colegio hasta las 20,00
horas durante el periodo escolar y a las 21,00 horas en periodo de vacaciones, debiendo reintegrar al menor
en el domicilio materno.
– Períodos de vacaciones:
Navidades : se establecen dos períodos: 10) desde el día 23 de diciembre hasta el 30 de Diciembre,
ambos inclusive. 20) del 30 de Diciembre al 6 de enero, ambos inclusive. El horario será desde las 17,00 horas
del primer día hasta las 20,00 horas del último día.
El hijo pasará la mitad de sus vacaciones con el padre y la mitad con la madre, fijándose los años pares,
la primera mitad con el padre y la segunda mitad con la madre. Los años impares se invertirá el orden.
Semana Santa : se establecen dos períodos.- 1º) Desde el Viernes de Dolores a Martes Santo. 2º)
Desde Miércoles Santo a Domingo de Resurrección. El horario será desde las 17,00 horas del primer día
hasta las 20,00 horas del último día.
El hijo pasará la mitad de sus vacaciones con el padre y la mitad con la madre, fijándose los años pares,
la primera mitad con el padre y la segunda mitad con la madre. Los años impares se invertirá el orden.
Verano : se establecen cuatro períodos: 1º).- Desde el día siguiente a la finalización del curso escolar al
30 de junio. 2°).- Desde el día 1 de julio al 15 de julio y 1 de agosto al 15 de agosto. 3°).- Desde el 15 al 31 de
Julio y del 15 al 31 de agosto. 4º).- Desde el día 1 de septiembre al día inmediatamente anterior al inicio del
curso escolar. El horario de recogida será desde las 17,00 horas del día siguiente a las vacaciones escolares
hasta las 20,00 horas del día anterior al inicio del periodo escolar.
El hijo pasará la mitad de sus vacaciones escolares con el padre y la mitad con la madre, fijándose los
años pares, el 1 y 3º periodo con el padre y el 2º y 4º con la madre. Los años impares se invertirá el orden.
Durante los períodos de vacaciones, se suspenderán las visitas semanales, puentes y festivos.
Los Puentes escolares y días festivos: se disfrutarán de forma alterna, cada progenitor tendrá prioridad
de elección un año, correspondiendo elegir al padre los años pares y a la madre los impares.
Se considerarán puentes escolares aquellos días anteriores o consecutivos al fin de semana que el
menor no tenga guardería o clases escolares, es decir viernes o lunes. Serán Días Festivos aquellos no
laborales y no lectivos entre semana, que no sean viernes ni lunes.
Independientemente de la determinación de los periodos vacacionales establecidos por las partes, en
caso de no coincidir los periodos, estos serán repartidos por partes iguales entre los progenitores para su
estancia con el menor. Si el periodo resultase impar, se entenderá que el periodo se subdivide en dos idénticos,
siendo el día impar el que separe los dos periodos de forma que si el primer periodo el menor ha permanecido
con un progenitor, desde las 17 horas de dicho día impar y divisorio estará con el otro progenitor.
Si por alguna razón el padre no pudiera recoger al menor a la hora y día indicados en el sistema de
visitas que antecede, deberá indicarlo a la madre con antelación, y en caso de no avisarla, perderá el derecho
de visitas del día referido.
El progenitor que se encuentre con el hijo permitirá y facilitará en todo momento la comunicación
telefónica con el otro, siempre que ésta no se produzca de forma caprichosa, injustificada o fuera de las horas
normales para ello, informando previamente del número de teléfono donde puede localizar al menor.
Cualquiera de los padres que traslade al menor de un lugar conocido a otro desconocido, lo comunicará
al otro y le dará también el nuevo teléfono, si lo hubiere.
d).- Atribución del uso exclusivo de la vivienda familiar, sita en CALLE000 , NUM000 – NUM001 ,
a la demandante y su hijo Gabriel .
e).- Se establezca la cantidad de 650.-#, en concepto de pensión alimenticia a favor del hijo en común
Gabriel , que ingresará el demandado dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta corriente
que la esposa designe a tal efecto.
Dicha cantidad será revaloriazada cada año en función del IPC que publique el Instituto Nacional de
Estadística u organismo que le sustituya.
Los gastos extraordinarios se abonarán al 50% por ambos progenitores, entendiendo por tales, los que
tengan carácter excepcional, imprevisibles y estrictamente necesarios, debiendo siempre ser consensuados
de forma expresa y escrita antes de realizarse el desembolso. Se entenderá prestada su conformidad, si
requerido un progenitor por el otro, de forma fehaciente, es decir, que conste sin lugar a dudas la recepción
del requerimiento, se dejare transcurrir el plazo de diez días hábiles sin hacer manifestación alguna. En el
requerimiento que se realice el progenitor que pretenda hacer el gasto, deberá detallar el gasto concreto que
precise el hijo, y adjuntar presupuesto en el que figure el nombre del profesional que lo expida.
En caso de discrepancias, el gasto extraordinario deberá ser autorizado por el Juzgado, conforme al
art. 156 del Código Civil , salvo razones objetivas de urgencia.
Se entiende por gastos extraordinarios de educación las clases de apoyo escolar motivadas por un
deficiente rendimiento académico y por gastos extraordinarios médicos los odontológicos y tratamientos
bucodentales (incluida la ortodoncia); logopeda; psicólogo; prótesis; fisioterapia o rehabilitación (incluida la
natación) con prescripción facultativa; óptica; gastos de farmacia, no básicos y con prescripción médica, y en
general los no cubiertos por la sanidad pública o por el seguro médico privado que pudieran tener las partes.
Son gastos ordinarios usuales e incluidos en la pensión alimenticia los de vestido, educación (recibos
que expida el centro educativo, matrícula, seguros, AMPA), ocio, excursiones escolares, material escolar,
transporte, uniformes, libros, aula matinal, comedor. Son gastos ordinarios no usuales las actividades
extraescolares, deportivas, idiomas, baile, música, informática, campamentos o cursos de verano, viajes al
extranjero, cumpleaños y otras celebraciones, tales como la Primera Comunión, así como los gastos de colegio
privado, los cuales deben ser consensuados de forma expresa y escrita para poder compartir el gasto, y a
falta de acuerdo serán sufragados, por quien haya tomado la decisión de forma unilateral, sin que proceda
la autorización judicial subsidiaria para compartir el gasto, al no revestir carácter estrictamente necesario, y
sin perjuicio de la acción del artículo 156 del Código Civil , si la discrepancia estriba en si deben o no los
menores realizar la actividad.
f).- Se establezca el abono mensual por mitad, de los préstamos hipotecarios reseñados, hasta la
liquidación de la sociedad de gananciales.
g).- Disolución del régimen económico-matrimonial.
Todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la demandada si no consiente la pretensión
actora que ha forzado».
2.- El fiscal contestó a la demanda con los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes
suplicando al juzgado se dicte sentencia «conforme a los hechos que resulten probados».
3.- La procuradora doña Inmaculada del Nido Mateo, en nombre y representación de don Camilo ,
contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó
suplicando al Juzgado una sentencia «decretándose el divorcio pero sin la adopción de las medidas definitivas
y provisionales propuestas a las que esta parte se opone desde ahora, por ser de justicia que pido».
4.- Previos los trámites procesales correspondientes y práctica de la prueba propuesta por las partes
y admitida, en el Juzgado de Primera Instancia número 23 de Sevilla se dictó sentencia, con fecha 27 de
diciembre de 2012 , cuya parte dispositiva es como sigue:
FALLO.- Que estimando parcialmente la demanda de divorcio interpuesta por Dña. Justa contra D.
Camilo , debo acordar y acuerdo:
La disolución por divorcio del matrimonio celebrado en Sevilla, el día 07-05-04, entre D. Camilo y Dña.
Justa , que se comunicará de oficio al Registro Civil en que conste el matrimonio de los litigantes una vez
alcance firmeza la presente resolución, con los efectos legales inherentes a tal pronunciamiento y acordando
como definitivas las medidas que expresamente se fijan a continuación:
1).- Que el menor hijo del matrimonio, Gabriel , quede bajo la guarda y custodia de la madre, siendo
compartida la patria potestad con el otro progenitor.
2).- En cuanto al derecho de visitas del padre, se reputa aconsejable un régimen libre, amplio y flexible
y en defecto de acuerdo el siguiente:
– Miércoles desde la salida del colegio, donde lo recogerá el padre hasta el jueves a la entrada al colegio.
– Fines de semana alternos, desde el viernes a la salida del colegio, donde el padre lo recogerá, hasta
el lunes a la entrada al colegio. Los puentes acrecerán al fin de semana más próximo.
De no ser lectivos tales días, se efectuará la recogida y entrega del menor en el domicilio cuyo uso le
ha sido atribuido, salvo mejor criterio de los progenitores.
– Podrá el padre tener en su compañía al menor la mitad de los períodos de vacaciones escolares de
Semana Santa, Feria de Abril, Verano y Navidad, correspondiendo, salvo acuerdo en contra de los padres, la
primera mitad al padre en los años pares y a la madre en los impares efectuándose la recogida y entrega del
menor en el colegio o, de no ser posible, en el domicilio cuyo uso les ha sido atribuido, salvo mejor acuerdo
de los progenitores.
A estos efectos, se considera que el primer período de vacaciones de Navidad, comprende desde el
último día lectivo a la salida del colegio hasta el día 31 de Diciembre a las 12 horas, y el segundo período
desde el 31 de Diciembre a las 12 horas hasta el primer día lectivo, a la entrada al colegio.
En vacaciones de Semana Santa, el primer período comprende desde el Viernes de Dolores, a la salida
del colegio hasta el miércoles siguiente a las 12 horas; y el segundo periodo desde ese miércoles, anterior al
Jueves Santo, desde las 12 horas, hasta el lunes de Gloria a la entrada al colegio.
Feria de Abril desde el último día de colegio, a la salida hasta el viernes a las 12 horas y desde el viernes
a las 12 horas hasta el lunes a la entrada al colegio.
En vacaciones de verano, comprenderá el primer período desde el último día lectivo hasta el último día
de junio a las 12 horas y las segundas quincenas de julio y agosto, y el segundo las primeras quincenas de
julio y agosto y desde el primer día de septiembre a las 12 horas hasta el primer día lectivo, efectuándose la
entrega y recogida a las 12 horas..
El régimen establecido queda supeditado a las necesidades escolares del hijo, enfermedades o
circunstancias especiales en cuyo caso los padres, de común acuerdo, decidirán lo que sea más beneficioso
para el.
El régimen de visitas establecido sólo regirá en defecto de acuerdo entre los progenitores.
El progenitor en cuya compañía no se encuentre el menor en los períodos vacacionales tendrá derecho
a conocer el lugar de residencia de este y un teléfono donde poder comunicar con el, así como a tener puntual
información sobre cualquier problema que pueda afectar a su estado de salud o de cualquier otra índole, cuya
resolución, en todo caso, deberá ser decidida por ambos progenitores.
3).- En concepto de pensión alimenticia que debe satisfacer el padre, Sr. Camilo a favor del hijo, se fija
la cantidad de 500.-# al mes, con sus correspondientes actualizaciones anuales a partir del día 01-01-2014,
conforme al IPC, que publique el INE u organismo que lo sustituya.
En cuanto a su forma de pago, se acuerda lo siguiente: la obligación del padre -en tanto el hijo no esté
emancipado económicamente- de ingresar en la cuenta bancaria que se designe al efecto, dentro de los cinco
primeros días de cada mes.
Los gastos extraordinarios que genere el hijo, entendiendo por tales los que tengan carácter
excepcional, imprevisible, necesario y adecuado a la capacidad económica de ambos progenitores, serán
sufragados por ambos por mitad, siempre que medie previa consulta del progenitor custodio al no custodio
sobre la conveniencia y/o necesidad del gasto (salvo supuestos excepcionales y urgentes en que ello no
sea posible) y acuerdo de ambos -de forma expresa y escrita antes de hacerse el desembolso- o en su
defecto, autorización judicial, mediante la acción del artículo 156 del Código Civil . Son gastos extraordinarios
de carácter médico los odontológicos y tratamientos bucodentales incluida la ortodoncia, prótesis, logopeda,
psicólogo, fisioterapia o rehabilitación (incluida natación) con prescripción facultativa, óptica, gastos de
farmacia no básicos y con prescripción médica, tratamientos de homeopatía y, en general, cualquier otro
gasto sanitario no cubierto por el sistema público de salud de la Seguridad Social, o por el seguro médico
privado que puedan tener concertado los progenitores. Son gastos extraordinarios de carácter educativo las
clases de apoyo escolar motivadas por un deficiente rendimiento académico. En relación con los gastos
extraordinarios, y en atención a su peculiar naturaleza, se entenderá prestada la conformidad si, requerido a
tal efecto un progenitor por el otro, de forma fehaciente, es decir, que conste sin lugar a dudas la recepción
del requerimiento, se dejare transcurrir un plazo de diez días hábiles sin hacer manifestación alguna. En el
requerimiento que realice el progenitor que pretende hacer el desembolso, se deberá detallar cuál es el gasto
concreto que precise el hijo, y se adjuntará presupuesto donde figure el nombre del profesional que lo expide.
Son gastos ordinarios usuales e incluidos en la pensión alimenticia destinada a cubrir necesidades comunes,
los de vestido, ocio, educación, incluidos los universitarios en centro públicos (recibos expedidos por el centro
educativo, seguros escolares, AMPA, matrícula, aula matinal, transporte y comedor en su caso, material
docente no subvencionado, excursiones escolares, uniformes, libros). Son gastos ordinarios no usuales las
actividades extraescolares, deportivas, música, baile, informática, idiomas, campamentos o cursos de verano,
viajes al extranjero, fiestas de cumpleaños u onomásticas y otras celebraciones necesarias de los hijos, así
como los gastos de colegio/universidad privados, máster o curso de postgrado, y las estancias en residencias
universitarias, colegios mayores o similares, que deben ser en todo caso consensuados de forma expresa
y escrita para que pueda compartirse el gasto y a falta de acuerdo, serán sufragados por quien de forma
unilateral haya tomado la decisión, y sin perjuicio de que pueda ejercitarse con carácter previo la acción del
artículo 156 del Código Civil , si la discrepancia estriba en si debe o no el menor realizar la actividad.
En cualquier caso, los anteriores listados no tienen carácter exhaustivo.
4).- Se atribuye el uso del domicilio familiar sito en Sevilla, en CALLE000 , n° NUM000 – NUM001
, al hijo menor y al progenitor bajo cuya custodia quede, en este caso la madre, Sra. Justa , así como el
ajuar doméstico, incluido el mobiliario completo. Pudiendo retirar el Sr. Camilo del mismo y previo inventario,
sus bienes y objetos de uso personal, de no haberlo efectuado ya; ambas partes deberán hacer frente a los
gastos de la vivienda derivados de la titularidad -hipoteca, IBI y cuotas extraordinarias de CCPP- por mitad y
la Sra. Justa de los derivados de la atribución del uso.
Todo ello sin hacer expresa declaración en cuanto a las costas del procedimiento.
SEGUNDO .- Interpuesto recurso de apelación por las representaciones procesales de ambas partes
actora y demandado, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencia, con fecha 30
de diciembre de 2013 , cuya parte dispositiva es como sigue:
FALLAMOS. Que, desestimando tanto el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora D.ª Eva
María Mora Rodríguez, en nombre y representación de D. Camilo , como el articulado por el Procurador D.
Manuel Ignacio Pérez Espina, en nombre y representación de D.ª Justa , contra la sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia núm. 23 de esta ciudad, en fecha 27 de Diciembre de 2012 , debemos confirmar
dicha resolución, con la aclaración de que los puentes serán los de naturaleza escolar, sin hacer especial
pronunciamiento sobre las costas procesales de segundo grado.
TERCERO .- 1.- Por la representación procesal de don Camilo se interpuso recurso de casación en
base al siguiente:
Motivo único.- Por interés casacional. La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla se opone a la
doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en materia de guarda y custodia compartida.
El Tribunal Supremo viene insistiendo en que las sentencias recaídas en procesos en que se discute la
guarda y custodia compartida han de valorar correctamente el principio de protección del interés del menor,
motivando suficientemente, a la vista de los hechos probados, la conveniencia de que se establezca o no este
sistema de guarda ( SSTS de 28 de septiembre de 2009 , 8 octubre de 2009 , 7 julio de 2011 , 21 de julio de
2011 , 22 de julio de 2011 , 27 de septiembre de 2011 , 9 de marzo de 2012 y 29 de abril de 2013 ).
Esta línea jurisprudencial del Alto Tribunal viene reaccionando, así, frente a aquellas sentencias de
instancia que no tienen en cuenta más que de forma retórica, aparente, el interés del menor; esa invocación
superficial no es suficiente para justificar la negativa al establecimiento de la guarda y custodia compartida
pedida únicamente por uno de los progenitores.
Y recurso extraordinario por infracción procesal en base al siguiente motivo:
Único.- Infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. Vulneración de la misma en su vertiente de
garantía de indemnidad.
Remitidas las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por auto de fecha 1 de julio de
2014 se acordó admitir los recursos interpuestos y dar traslado a la parte recurrida personada y al Ministerio
Fiscal para que formalizaran su oposición en el plazo de veinte días.
2.- Admitidos los recursos y evacuado el traslado conferido, la procuradora doña Isabel Torres Ruiz, en
nombre y representación de doña Justa , presentó escrito de oposición a los mismos mientras que el Ministerio
Fiscal solicitaba la estimación del mismo al entender que no puede denegarse la custodia compartida solo
en base a la mala relación de los cónyuges.
3.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación
y fallo el día 11 de febrero del 2015, en que tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- Ante el Juzgado de Primera Instancia se presentó por la Sra. Justa demanda de divorcio
en la que solicitaba la custodia del hijo menor, nacido el NUM002 de 2008.
Por el Sr. Camilo se contestó a la demanda solicitando la custodia compartida.
En la sentencia se atribuía la custodia a la madre y se aconsejaba un régimen de visitas a favor del
padre, libre, amplio y flexible, y, en defecto de acuerdo, fijaba los fines de semana alternos y el miércoles
desde la salida del colegio hasta la entrada el jueves.
En la sentencia de la Audiencia Provincial se desestimó el recurso de apelación del Sr. Camilo ,
declarando en el FDD tercero:
“En el supuesto de autos, se detecta en la valoración de las pruebas practicadas un importante nivel
de tensión -la condena de la Sra. Justa por falta de coacciones es indicativa de ello-, superior al habitual en
casos de crisis matrimoniales, y motivado en buena medida por desencuentros y discrepancias serias en torno
al colegio en el que el menor deba estar escolarizado; el grado de conflictividad es contrario al clima de diálogo
sosegado entre los progenitores, a la comunicación fluida, y al entendimiento entre los mismos, y permite
inferir que la custodia compartida no sea la solución sino un semillero de problemas que intensifique la
judicialización de la vida de los litigantes e incida negativamente en la estabilidad del menor. En consecuencia,
no puede alcanzarse la conclusión de que la custodia compartida sea la forma de protección más adecuada
del interés del hijo menor, de su bienestar, estabilidad y equilibrio emocional, lo que lleva a la desestimación
de la petición principal del recurso articulado por el Sr. Camilo “.
El Ministerio Fiscal, ante esta Sala, solicitó la estimación del recurso, para que se fijase el sistema de
custodia compartida.
SEGUNDO .- Esta Sala analizará en primer lugar el recurso de casación, pues de ser estimado, sería
innecesario entrar en el estudio del recurso extraordinario por infracción procesal.

RECURSO DE CASACIÓN

TERCERO .- Motivo único. Por interés casacional. La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla
se opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en materia de guarda y custodia compartida.
El Tribunal Supremo viene insistiendo en que las sentencias recaídas en procesos en que se discute la
guarda y custodia compartida han de valorar correctamente el principio de protección del interés del menor,
motivando suficientemente, a la vista de los hechos probados, la conveniencia de que se establezca o no este
sistema de guarda ( SSTS de 28 de septiembre de 2009 , 8 octubre de 2009 , 7 julio de 2011 , 21 de julio de
2011 , 22 de julio de 2011 , 27 de septiembre de 2011 , 9 de marzo de 2012 y 29 de abril de 2013 ).
Esta línea jurisprudencial del Alto Tribunal viene reaccionando, así, frente a aquellas sentencias de
instancia que no tienen en cuenta más que de forma retórica, aparente, el interés del menor; esa invocación
superficial no es suficiente para justificar la negativa al establecimiento de la guarda y custodia compartida
pedida únicamente por uno de los progenitores.
Se estima el motivo .
Se alega por la parte recurrida la inadmisibilidad, por no infringir la doctrina casacional, cuando como
veremos posteriormente ello es incierto, por lo que ha de rechazarse dicho óbice procesal.
El recurrente alega que, en la resolución recurrida, no se protege debidamente el interés del menor.
Que no debe considerarse como excepcional, sino como normal, el sistema de custodia compartida. Que
ambos progenitores son profesores universitarios, con igual disponibilidad e ingresos y horario, sin que conste
más tensión procesal que la derivada de la protección de los intereses legítimos del padre.
CUARTO .- De lo declarado acreditado en autos, se observa que la tensión, que en la resolución
recurrida provoca el rechazo del sistema de custodia compartida se basa en:
1. La condena por coacciones de la Sra. Justa , a denuncia del Sr. Camilo , por cambiar aquella la
cerradura de la vivienda familiar.
2. Por las discrepancias manifestadas por el esposo en torno al mantenimiento o no del menor en un
colegio privado no concertado, con la repercusión económica que ello produciría.
QUINTO .- Sobre el sistema de custodia compartida esta Sala ha declarado:
La interpretación del artículo 92, 5 , 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que
van a quedar afectados por la medida que se deba tomar de guarda y custodia compartida, que se acordará
cuando concurran alguno de los criterios reiterados por esta Sala y recogidos como doctrina jurisprudencial
en la sentencia de 29 de abril de 2013 de la siguiente forma “debe estar fundada en el interés de los menores
que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios
tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales;
los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de
los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales;
el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores
una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los
progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una
medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite
que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones
de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea” ( STS 25 de abril 2014 ).
Como precisa la sentencia de 19 de julio de 2013 : “se prima el interés del menor y este interés, que ni
el artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor , define ni determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores
tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina
una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración
del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con
aquel”. Lo que se pretende es aproximar este régimen al modelo de convivencia existente antes de la ruptura
matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones
inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo
y crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo más beneficioso para ellos. ( Sentencia 2 de julio de
2014. Rec. 1937/2013 ).
SEXTO .- Puesta en relación la doctrina mencionada con los razonamientos de la resolución recurrida
se debe concluir que no se ha respetado la doctrina casacional, por lo que procede la estimación del motivo
de recurso de casación, dado que las razones que se esgrimen para desaconsejar la custodia compartida,
no constituyen fundamento suficiente para entender que la relación entre los padres sea de tal enfrentamiento
que imposibilite un cauce de diálogo.
En primer lugar, la condena por coacciones de la Sra. Justa , no supone demérito alguno para el
Sr. Camilo . En segundo lugar, las discrepancias por el colegio del menor y sus consecuencias económicas
suponen una divergencia razonable.
Para la adopción del sistema de custodia compartida no se exige un acuerdo sin fisuras, sino una
actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor, así como unas habilidades para el diálogo que
se han de suponer existentes en dos profesionales, como los ahora litigantes.
Esta Sala debe declarar que la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre
los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción actitudes y conductas que beneficien
al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se
mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad.
A la luz de estos datos se acuerda casar la sentencia recurrida por infracción del art. 92 del C. Civil y
jurisprudencia que lo desarrolla, asumiendo la instancia, dado que en este caso con el sistema de custodia
compartida:
a) Se fomenta la integración del menor con ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de
presencia.
b) Se evita el sentimiento de pérdida.
c) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores.
d) Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio del menor, que ya se ha venido desarrollando
con eficiencia.
SÉPTIMO . – El reparto del tiempo se hará, en un principio, atendiendo a principios de flexibilidad y al
mutuo entendimiento entre los progenitores.
A falta de acuerdo, el reparto del tiempo de custodia será semanal, siendo el día de intercambio el
lunes, que el progenitor que ostente la custodia dejará al menor en el centro escolar, haciéndose ya cargo esa
semana el otro progenitor, y así sucesivamente de forma alternada.
Si fuese festivo el lunes, el progenitor que ha de hacer la entrega del niño, lo dejará en el domicilio
del otro.
Los periodos vacacionales escolares de verano, Semana Santa y Navidad, serán por mitad entre los
progenitores, pudiendo elegir el periodo concreto, a falta de acuerdo, los años pares, el padre, y los impares,
la madre.
Feria de abril, desde el último día de colegio, a la salida hasta el viernes a las 12 horas y desde el
viernes a las 12 horas hasta el lunes a la entrada del colegio, pudiendo elegir el periodo concreto, a falta de
acuerdo, los años pares, el padre, y los impares, la madre.
Ambos progenitores satisfarán directamente los alimentos del menor en su propio domicilio, abonando
los gastos ordinarios y extraordinarios al 50%, dada la igualdad de profesión y retribución, declarada en la
sentencia recurrida.
En cuanto al uso de la vivienda, el padre solicitó la alternancia en el uso de la misma, lo que no ha sido
objeto de debate ni aceptación, por tanto, por la madre.
Esta Sala no puede entrar en el estudio de esta cuestión, al carecer de la propuesta de un plan
contradictorio en el que se defina por la parte que lo propone un desarrollo exhaustivo de los pormenores en
que va a consistir la custodia compartida, sin perjuicio de que las partes lo planteen por el cauce procesal
oportuno, siendo deseable un acuerdo entre los litigantes.
OCTAVO .- Esta Sala, en funciones de instancia, acuerda estimar el recurso y establecer el régimen
de la guarda y custodia compartida sobre el menor Gabriel .
NOVENO .- Estimado parcialmente el recurso de casación, no procede expresa imposición de costas.
No siendo necesario el análisis del recurso extraordinario por infracción procesal, no procede
pronunciamiento sobre las costas derivadas del mismo ( art. 394 y 398 LEC ).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
FALLAMOS
1. ESTIMAR PARCIALMENTE EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por D. Camilo , representado
por el Procurador D. Juan Ignacio Valverde Cánovas contra sentencia de 30 de diciembre de 2013 de la
Sección segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla .
2. CASAR la sentencia recurrida en el sentido de acordar la custodia compartida.
3. El reparto del tiempo se hará, en un principio, atendiendo a principios de flexibilidad y al mutuo
entendimiento entre los progenitores.
A falta de acuerdo, el reparto del tiempo de custodia será semanal, siendo el día de intercambio el
lunes, que el progenitor que ostente la custodia dejará al menor en el centro escolar, haciéndose ya cargo esa
semana el otro progenitor, y así sucesivamente de forma alternada.
Si fuese festivo el lunes, el progenitor que ha de hacer la entrega del niño, lo dejará en el domicilio
del otro.
Los periodos vacacionales escolares de verano, Semana Santa y Navidad, serán por mitad entre los
progenitores, pudiendo elegir el periodo concreto, a falta de acuerdo, los años pares, el padre, y los impares,
la madre.
Feria de abril, desde el último día de colegio, a la salida hasta el viernes a las 12 horas y desde el
viernes a las 12 horas hasta el lunes a la entrada del colegio, pudiendo elegir el periodo concreto, a falta de
acuerdo, los años pares, el padre, y los impares, la madre.
Ambos progenitores satisfarán directamente los alimentos del menor en su propio domicilio, abonando
los gastos ordinarios y extraordinarios al 50%, dada la igualdad de profesión y retribución, declarada en la
sentencia recurrida.
4. En cuanto a la vivienda familiar, deberán instar a través del cauce procesal oportuno.
5. Se acuerda la devolución de los depósitos para recurrir.
6. No procede expresa imposición en las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal
y de casación.
7. Se mantiene la no imposición de costas en las instancias.
Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo
de Sala.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto
las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Francisco Marin Castan, Jose Antonio
Seijas Quintana, Antonio Salas Carceller, Francisco Javier Arroyo Fiestas, Eduardo Baena Ruiz, Xavier
O’Callaghan Muñoz. Firmado y rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por
el EXCMO. SR. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes
autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo
que como Secretario de la misma, certifico.

Exención de las Tasas judiciales a las personas físicas

El 28 de febrero pasado ocurrió algo que toda la sociedad española llevaba esperando desde hace años: se publicó en el BOE la eliminación (en parte) de las tasas judiciales.

En efecto, el Gobierno, movido por la mejoría de la economía española, dictó el Real Decreto-Ley  1/2015 de 27 de Febrero de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas del orden social.

Es una actuación eminentemente política, posiblemente con fines electoralistas (no hay más que leerse el preámbulo para vislumbrarlo), pero de lo que no cabe la menor duda es de la bondad de sus medidas en lo que respecta a la Administración de Justicia: se amplían los supuestos objetivos de exención de tasas judiciales y se elimina el pago de tasas judiciales a las personas físicas. Esto es, siguen existiendo las tasas  judiciales en determinados supuestos y  para las empresas o personas jurídicas. Y esto entra en vigor, empieza a aplicarse desde hoy lunes, 2 de marzo de 2015.

Mi primera conclusión, después de celebrar que ya no se recorte la justicia a ningún ciudadano, es que la justificación elegida por el Gobierno es pobre: no se puede (como se ha hecho) limitar un derecho tan básico como la justicia alegando una crisis económica. La segunda, consecuente con la anterior, es que confío en que los Tribunales den la razón a todos los recursos interpuestos contra las tasas judiciales y acaben derogándose íntegramente, pasando a ser un triste episodio en la historia judicial española.

Aparte de esta gran medida, se adoptan otras de carácter social y por su importancia destaco dos: Ampliación del plazo de lanzamiento a 2 años para determinados grupos de personas de especial vulnerabilidad e inaplicación de cláusula suelo para determinados grupos de personas.

Para terminar, mi tercera conclusión, ¡menos da una piedra!

El texto íntegro del Real Decreto-Ley lo puedes encontrar aquí:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2109

El Tribunal Supremo niega una custodia compartida por conflictividad entre los padres

He intentado en vano localizar la sentencia en cuestión para colgarla, dado que creo fundamental leer el texto completo para saber exactamente lo que ha establecido el Tribunal Supremo… Como no ha sido posible, me limito a transcribir la noticia por unos de los medios que creo que mejor lo ha hecho: El Correo de Andalucía, en su página web. Y en cuanto esté disponible, subirla, claro.
El Tribunal Supremo ha dictaminado hoy que, a pesar de su reciente doctrina que recomienda la custodia compartida sobre hijos de matrimonios divorciados, la conflictividad entre los padres sigue siendo un criterio para negarla si llega a perjudicar al menor.

La sentencia se refiere al recurso de un padre que acudió ante la Sala Civil del Supremo en contra de una sentencia de la Audiencia de Sevilla que le negó la custodia compartida sobre su hijo y se la concedió a la madre. El alto tribunal confirma la negativa.

El matrimonio se casó en 2007 y el marido presentó demanda de divorcio antes de que, en 2009, naciera el hijo de ambos. El juzgado de Dos Hermanas (Sevilla) y la Audiencia de Sevilla consideraron que ambos padres están capacitados para tener la custodia del niño, pero se la negaron al padre por la situación de enfrentamiento existente en la pareja separada.

Ahora el Supremo confirma ese fallo en una sentencia en la que explica que la custodia compartida debe estar fundada en el interés del menor. El Supremo recuerda también que, como ya ha dicho anteriormente, “no se trata de una medida excepcional” sino que, al contrario, “habrá de considerarse normal e incluso deseable“.

La custodia compartida permite que los menores desarrollen su derecho a relacionarse con ambos padres incluso en situaciones de crisis, añade el alto tribunal.

Sin embargo, es necesario para adoptarla que “entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción de aptitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad”, concluye el alto tribunal.

En este caso, y en relación con una causa abierta en relación con unas llamadas agresivas por parte del padre, un juzgado de violencia de género impuso que se fijara el domicilio de los abuelos como lugar de entrega del menor.

Aunque el Supremo no tiene en cuenta la causa abierta en relación con las llamadas, considera que la situación es lo bastante conflictiva como para que la medida de custodia compartida no vaya en beneficio del niño y por eso la niega”.

Arteterapia y sonoterapia: dos terapias alternativas al alcance de tu mano

El otro día tropecé, por casualidad, con una persona dedicada a algo que me viene llamando la atención desde hace tiempo: cómo hacer terapia desde la manifestación artística-creativa que cada uno lleva dentro.
El tema me resulta de lo más llamativo y sugerente: se trata de promover en la persona una experiencia que le ayude a liberarse y a la vez, a conectar con lo más íntimo de su ser.

¿Cómo?

De la forma más variada y divertida: bien tocando un tambor y/o otra suerte de instrumentos maravillosos con los que cuenta este psicólogo-arteterapeuta-sonoterapeuta (sorprende la variedad de artilugios que sirven a tal fin), bien enfrentándose a una cartulina blanca y poniéndose a pintar directamente dejándose llevar por el pincel, bien dejándose llevar/masajear por el sonido de unos cuencos tibetanos…


En todo este proceso, Leo Muras acompaña a la persona ayudándola a despertar a ese inconsciente tan consciente la más de las veces en nuestras vidas.
En palabras del propio Leo:

La Arteterapia y la Sonoterapia son facilitadores del trabajo psicológico. Nos permiten manifestar desde un lenguaje emocional y físico nuestras vivencias más íntimas.
La Sonoterapia nos facilita la experimentación de nuestras emociones y sentimientos bloqueados a partir de la música, sonidos y vibraciones de instrumentos especiales en directo. Nos conectan en el aquí y el ahora con lo más profundo de nosotros mismos, permitiéndonos soltar aquello que nos perturba y sintonizar con un estado interno de bienestar, paz y armonía.
La Arteterapia plasma nuestras necesidades reales mediante el proceso creativo al traer al presente contenidos inconscientes. En mi acompañamiento terapéutico, este autoconocimiento representado desde lo simbólico va disolviendo el sistema de creencias que nos condiciona, posibilitándonos una firme transformación al generar una nueva compresión y un darse cuenta. Lo que nos induce a crear una nueva narrativa actualizada de nosotros mismos más saludable y holística.
Y todo esto muy alcance de la mano, en Alcalá de Guadaira. Si quieres contactar puedes hacerlo en el teléfono 620793659.

¿En qué consiste el abandono de familia, menores e incapaces?

El abandono de familia, menores e incapaces

Con este título sanciona nuestro Código Penal en los artículos 226 y siguientes (Sección 3ª del Capítulo III del Título XII del Libro II del Código Penal) aquellas conductas, que dentro de los delitos contra las relaciones familiares, versan sobre el abandono familiar.

 

Comúnmente abandono familiar nos suena a dejar el domicilio familiar: se marchó de casa y esto en sí constituye el delito de abandono de familia. Sin embargo, no necesariamente se produce este abandono -a ojos del legislador- si no se manifiestan otras conductas.

Veamos cuándo y qué produce este abandono:

Artículo 226
1. El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses.
2. El Juez o Tribunal podrá imponer, motivadamente, al reo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años.

 

Según la sentencia del Tribunal Supremo nº 730/2011 de fecha 12 de julio de 2011: “El art. 226 C.P. hace referencia a una desatención dolosa de ciertos deberes de cuidado específicos, sin cesar en sus funciones esenciales de custodia, ni en otras propias de la patria potestad o guarda. En nuestro caso, consistió en la consciente omisión de no llevar al menor a recibir los correspondientes cuidados médicos que pudiese precisar o, al menos, a verificar si los necesitaba ante su comportamiento llamativamente anómalo y sobre el cual habían sido informados…
La jurisprudencia de esta Sala es cierto, como apunta el tribunal de origen, que ha equiparado a la situación de abandono material al dejar desamparada a una persona, sin el apoyo o la protección de quien tiene la obligación de dársela, equivalente al abandono personal dejando a su suerte al menor que se ve privado de toda atención y cuidado por parte del sujeto activo. El abandono, por tanto, también debe alcanzar a situaciones que sin ser del abandono propiamente dicho provoquen una situación de desatención por incumplimiento de los deberes de protección, esto es, cuando un menor o incapaz no recibe las debidas atenciones por parte de quien lo está cuidando, de modo que llega a encontrarse en una situación extrema de desamparo y desprotección.

Artículo 227
1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.
2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior.
3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas.

Por razones tristemente conocidas, este delito es el más conocido al ser el más denunciado. Como particularidad, sólo se perseguirá previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal y si éste es menor de edad, del Ministerio Fiscal.

Artículo 229
1. El abandono de un menor de edad o un incapaz por parte de la persona encargada de su guarda, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años.
2. Si el abandono fuere realizado por los padres, tutores o guardadores legales, se impondrá la pena de prisión de dieciocho meses a tres años.
3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años cuando por las circunstancias del abandono se haya puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o libertad sexual del menor de edad o del incapaz, sin perjuicio de castigar el hecho como corresponda si constituyera otro delito más grave.

 

Así, el art. 229 C.P. castiga la situación de peligro creada para un menor por la cesación o abandono de su custodia por parte de las personas encargadas de ello o, en otros términos, por la ruptura de los vínculos que unen al menor e incapaz con su entorno habitual.

Artículo 231
1. El que, teniendo a su cargo la crianza o educación de un menor de edad o de un incapaz, lo entregare a un tercero o a un establecimiento público sin la anuencia de quien se lo hubiere confiado, o de la autoridad, en su defecto, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses.
2. Si con la entrega se hubiere puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o libertad sexual del menor de edad o del incapaz se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.
Artículo 232
1. Los que utilizaren o prestaren a menores de edad o incapaces para la práctica de la mendicidad, incluso si ésta es encubierta, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año.
2. Si para los fines del apartado anterior se traficare con menores de edad o incapaces, se empleare con ellos violencia o intimidación, o se les suministrare sustancias perjudiciales para su salud, se impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años.

Como puede observarse, contrasta la tipificación del Código penal con las situaciones que a diario viven cientos de menores y que no son puestas en conocimiento de las autoridades competentes.

A mi juicio, urge que en temas de derecho de familia la actuación judicial esté desprovista de cuestiones y requisitos burocráticos y se otorgue más atención a la eficacia de la tutela judicial efectiva de los menores.

¿Tengo que pagar pensión de alimentos en agosto?

Llegadas estas fechas, la pregunta se repite recurrentemente y el argumento, a primera vista, resulta impecable:

Si la pensión de alimentos sirve para alimentar a mi hijo, pasa el mes entero conmigo y lo alimento yo, ¿a dónde va a parar mi dinero?

Yo siempre respondo de la misma manera: en líneas generales, tu hijo pasa contigo entre 2 ó 3 meses al año, pero sin embargo, esta pensión, como todas las pensiones, se establece para doce mensualidades…

Como la respuesta no parece convencer mucho a mis interlocutores, intento explicar qué es una pensión de alimentos y los errores más frecuentes en los que caemos, seguramente, porque el día que se fijó esa pensión, no nos lo explicaron con claridad.

Ahí va:

1.- La pensión de alimentos es el importe que se fija para atender las necesidades de nuestros hijos y está obligado a satisfacerla el progenitor que no convive habitualmente con el menor. Eso no significa que el progenitor que sí convive no tenga que pagar nada: de hecho, y lo sabemos perfectamente los que convivimos con nuestros hijos, nuestras criaturas gastan una barbaridad…y en ocasiones, no se cubren sus necesidades con la pensión de alimentos multiplicada por dos (cuenta que habitualmente se hace para justificar la propia pensión).
2.- La pensión de alimentos “se confía” al progenitor custodio, pero eso no significa que ese dinero sea para ese progenitor. Esa es una frase que también escucho mucho en el despacho: “Yo a mi hijo le doy todo lo que necesite…pero a mi ex, ni los buenos días”. Entiendo que si las personas se separan no quieran saber ni tener nada en común con sus ex parejas, pero si hay hijos de por medio, este tipo de frases y la esencia de su contenido, a quienes perjudica finalmente es a los menores. Al progenitor que convive con el menor le toca ser el administrador del dinero y si a nuestro juicio, no lo hace correctamente, podemos poner esta circunstancia en conocimiento del Juzgado e iniciar la correspondiente acción legal.
3.- Las pensiones de alimentos “se confeccionan” teniendo en cuenta los gastos actuales y previsibles de los hijos menores. A estos gastos se les denomina gastos ordinarios y cubren alimentación, ropa, gastos de material escolar, gastos de la vivienda, etcétera. Todos estos gastos, o su gran mayoría, tienen una perioricidad mensual, de ahí que sea necesario contribuir a los mismos los doce meses del año, dado que, aunque nuestro hijo no esté físicamente en la vivienda, por poner un ejemplo, el inmueble sí tiene un gasto que hay que sufragar para que posteriormente, llegado el periodo lectivo, nuestro hijo pueda volver a ella.

De otra parte, hay gastos que, aunque se consideran ordinarios, engullen la pensión de alimentos de ese mes en concreto. Pienso por ejemplo en septiembre y en el dichoso comienzo de curso. Entre libros, material escolar y los estirones de los niños…se va un pico. Generalmente, bastante más que el importe de la pensión de alimentos. Sin embargo, ese mes no hay pensión doble y queda a elección del progenitor no custodio contribuir a este tipo de gasto o no.

Por tanto, es muy importante hacer bien todas las cuentas de las necesidades y gastos de los hijos a la hora de fijar la pensión de alimentos, para no llevarnos sorpresas una vez que ésta haya quedado establecida y sea más difícil de modificar.
4.- Asimismo, la pensión de alimentos también intenta compensar, siquiera mínimamente, el esfuerzo que supone atender mayoritariamente a los hijos. Actualmente el panorama de los padres separados es muy distinto y quiero creer que cada vez más, ambos progenitores se involucran por igual en la educación de los menores. Con todo, ser progenitor custodio no tiene ninguna compensación económica. Tiene otro tipo de compensaciones (emocional y afectiva), pero desde luego, no material.

 

Finalmente, la pensión de alimentos no deja de ser un importe, una cifra estimativa de unos gastos que necesariamente van a ser generados por nuestros hijos.

Pero ¿eso es todo? ¿queda todo resuelto y bien cubierto con el abono de esta pensión?

A mi juicio, ser padre/madre significa ante todo generosidad (con el tiempo, con el espacio, con la paciencia…) y por supuesto, también con el dinero.

Tan sólo en una ocasión, en veintidós años, un padre me hizo la pregunta inversa a la del enunciado ¿en mis pagas extras, la pensión también es extra?

De forma que la próxima vez que me pregunten si en agosto es preceptivo o no abonar la pensión de alimentos, responderé que en este tipo de pensiones, a diferencia del resto, no existen 14 mensualidades, sino 12…

Distinción entre gastos ordinarios y extraordinarios en pensiones de alimentos

Normalmente, cuando se firma un Convenio Regulador, o se acude a un procedimiento contencioso en materia de guardia y custodia de hijos menores (divorcio/separación/adopción de medidas sobre hijos), se establece la fórmula genérica de fijar una pensión de alimentos y atribuir los gastos extraordinarios al 50% entre ambos progenitores, sin más. Pero, ¿sabemos realmente lo que estamos firmando y sus consecuencias?

¿Cuáles son los gastos los gastos ordinarios?

En principio, gastos ordinarios son los que, siendo necesarios, son previsibles y periódicos. Ello implica, en primer lugar, que los ha de satisfacer el progenitor custodio con el importe de la pensión de alimentos, y comprenden aquéllos que siendo imprescindibles para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, educación y formación, se han podido prever y son de una periodicidad regular.

¿Cuáles son los gastos los gastos extraordinarios?

Los gastos extraordinarios son aquellos que, siendo necesarios o imprescindibles, son imprevisibles y no periódicos. La obligación de pago existe como consecuencia de su condición de necesarios, pero el reconocimiento del deber de pago, su cuantificación y, en su caso, la distribución de su cargo, si no hay acuerdo entre los progenitores, debe ser determinada por el Juez, según el procedimiento previsto en la reforma del art. 776 LEC operada por Ley 13/2009.

Y con el devenir de la vida surgen todos los interrogantes: este gasto concreto ¿es ordinario o extraordinario?

Y como es habitual en el ámbito jurídico, y mucho más en temas de familia, no existe una respuesta taxativa que determine con claridad si el gasto es de uno u otro tipo.

Como orientación, podemos fijarnos en la doctrina de los Tribunales, en su mayoría Audiencias Provinciales y cuál es la opinión preponderante, siempre teniendo en cuenta, que la independencia judicial de nuestro ordenamiento jurídico consiste precisamente en poder dictar resoluciones que se aparten de cualquier doctrina, porque en nuestro sistema no existe, como en el sistema anglosajón, la obligatoriedad de resolver conforme a las sentencias anteriores (doctrina del precedente). Con todo, esas sentencias anteriores son líneas de actuación y pueden servirnos como las tendencias actuales de los Tribunales.

En su libro “La ejecución de las resoluciones dictadas en procesos de familia”, Editorial Lex Nova, 2ª Ed., Pérez Martín, haciendo una labor de síntesis y recopilación que se agradece, recoge ese sentir mayoritario de nuestros Tribunales y así establece el siguiente elenco:

Son gastos ordinarios:

1. Los gastos por enseñanza obligatoria, primaria y secundaria, cuotas de colegio y matrícula, o material escolar previsible y periódico (SAP, 2ª, León 17.12.2010; SAP, 4ª, Alicante 16.3.2010; SAP Castellón, 3.7.2001; SAP Palencia 2.5.2003; AºAP, 24ª, Madrid 12.12.2001; SAP, 10ª, Valencia, 30.10.2003; SAP, 4ª, Alicante 13.5.2008; SAP, 24ª, Madrid 4.6.2004; AºAP, 22ª, Madrid 6.7 y 18.12.2001).

2. Los gastos de guardería son previsibles (AºAP, 5ª, Cádiz 26.1.2010; SAP, 2º, León 17.12.2010; SAP, 4ª, 16.3. 2010; SAP, 5ª, Cádiz 29.7.2007; AºAP, 18ª, Barcelona 15.1.2008).

3. Las cuotas de la asociación de padres, vestuario, uniforme y ropa deportiva para las actividades de esta índole dentro de la enseñanza reglada (SAP, 2ª, Burgos 9.3.2010).

4. La formación profesional del hijo (libros, material para realizarlo y transportes) y los cursos de idiomas o clases particulares previsibles y periódicas (AAP, 3ª, Guipúzcoa 3.11.2009).

5. Los gastos por transporte y comedor escolares (SAP 3ª, Guipúzcoa 3.11.2009; AºAP, 22ª, Madrid 11.10.2002 y 19.7.2003).

6. Los desplazamientos del menor o del progenitor, para cumplir el régimen de guardia y custodia (SAP, 2ª, Sevilla 29.10.2004). No obstante, cuando estos desplazamientos son especialmente largos, complicados y costosos, con frecuencia son objeto de tratamiento especial tanto en los convenios como en las resoluciones judiciales, expresando quien y en qué proporción han de pagarse.

7. Las actividades extraescolares si ya tenían lugar cuando se pactó o estableció la pensión o en tal momento era previsible su devengo (AºAP, 22ª, Madrid 23.5.2008).

8. Los gastos por matrícula y formación universitaria son en principio ordinarios, pero han de tenerse en cuenta las peculiaridades del caso (AºAP, 6ª, Vigo 295/2010) o la previsibilidad al pactar o establecer la pensión alimenticia (AºAP, 2ª, Córdoba 14.5.2008; AºAP, 24ª, Madrid, 8.11.2001 y 26.9.2002). Normalmente la formación universitaria, con sus libros y matrículas son ordinarios (SAP, 10ª, Valencia 19.2.2003).

 

Son gastos extraordinarios:

1. La inscripción en un colegio privado por uno solo de los progenitores, cuando el otro no expresa su disconformidad (AºAP, 3ª, Granada 28.4.2003 y SAP, 12ª, Barcelona 14.7. 2009).

2. Las clases de repaso o apoyo si existe necesidad o conveniencia de tales clases, a la vista del expediente académico del hijo.

3. Las actividades extraescolares si se revelan necesarios o indispensables para el desarrollo integral del menor (SAP, 2ª, León 17.12.2010; SAP, 4ª, Alicante 16.3.2010; AºAP, 22ª, Madrid 30.6.2008; SAP, 1ª, Ciudad Real 4.7.2003; AAP, 10ª, Valencia 24.6.2010).

4. Los gastos médicos, terapéuticos o farmacéuticos que necesite el hijo y no estén cubiertos por la Seguridad social (AºAP, 12ª, Barcelona 12.1.2000; AAP, 3º, Almería 15.11.2007; AAP, 22ª, Madrid, 13.11.2001).

5. Los tratamientos terapéuticos, no cubiertos por la Seguridad social que se estimen necesarios para la recuperación (AAP, 12ª, Barcelona 20.11.2008).
6. Los producidos por el cuidado de la salud e higiene bucal y ortodoncia (AAP.22ª, Madrid 19.10.2010; AAP, 12ª, Barcelona 20.11.2008; AAP, 22ª, Madrid, 20.11.2001).

7. La adquisición de gafas, no cubiertas por la Seguridad Social (SAP Asturias, 30.5.2005 y SAP, 24ª, Madrid, 26.9.2002).

8. Los viajes de estudios cuando se estiman, no sólo aconsejables, sino necesarios, por estar realizados por todo el curso y ser de difícil explicación no hacerlo por diferencias entre cónyuges, y son imprevisibles porque no tienen lugar en todos los centros ni en todos los cursos (SAP, 10ª, Valencia 6.5. 2010).

9. La formación universitaria y aún los cursos en el extranjero, oposiciones,masters en el extranjero, doctorados, y otras similares merecen el calificativo de ordinarios según las circunstancias.

10. El gasto de obtención del carné de conducir ha sido considerado totalmente necesario en los tiempos actuales (SAP, 10ª, Valencia 28.2.2011).  

11. El gasto de las clases y material para el aprendizaje del inglés ha sido considerado extraordinario, en estos tiempos (SAP, 10ª, Valencia 24.6.2010).

 

Esta relación exhaustiva puede sacarnos del primer apuro. Ahora bien, ¿Cuál es la solución?

Sin duda, establecer estos gastos, aplicados a cada caso en concreto, en el Convenio Regulador o, en el caso de acudir a un procedimiento judicial contencioso, instar del Juez que los fije detalladamente, para evitar futuros contratiempos.

Porque la cosa, se puede complicar.

Y ello, porque respecto de los gastos extraordinarios, no expresamente mencionados en el Convenio Regulador o la resolución judicial en cuestión, tampoco hay una norma fija y los Tribunales discrepan sobre los requisitos previos para su exigibilidad, distinguiendo entre la necesidad de

a.- La obligación de un acuerdo entre progenitores.
b.- La simple notificación de la existencia y detalles del gasto.
c.- Directamente, que no sea exigible acto alguno.

Así, la SAP, 12ª, Barcelona de 9 julio de 2009, señala que los gastos extraordinarios:

entendidos rectamente como aquellos que son necesarios, no periódicos e imprevisibles (como gastos médicos, odontológicos, etc., no incluidos en la Seguridad Social o Seguro privado), no requieren acuerdo, por su condi¬ción de necesarios, sino comunicación suficiente al otro progenitor, y deben costearse por mitad, salvo razones especiales que determinen otra distribución (…). Sólo los gastos no necesarios, como los extraescolares (que no son extraordinarios) requieren este acuerdo, que debe incluir la proporción de pago y que en caso de desacuerdo, puede ser suplido por decisión judicial…”.

Y también esa misma Sección de la Audiencia Provincial de Barcelona, en 17 mayo 2011, ha señalado que:

“por lo que hace a los gastos extraordinarios, de ordinario y dada su perentoriedad, para su exigibilidad no se requiere más que la justificación de su realización por el progenitor custodio; sin embargo en aquellos casos en los que la perentoriedad no exista o el coste económico sea desproporcionado, a pesar de ser al gasto de imprescindible realización, su ejecución debe ser comunicada al progenitor no custodio.
Las clases o actividades extraescolares no merecen el concepto de gastos extraordinarios y sí el de gastos extraescolares que son de naturaleza potestativa y de realización consensuada por ambos progenitores; sin perjuicio, eso sí, de un posible recurso ante la autoridad judicial, en caso de discrepancia en orden a su conveniencia”.

Parece claro, entonces, que hay que hilar fino…

Añado un solo apunte más a esta cuestión, dejando de lado cómo se reclaman estos gastos, para no marear mucho más la cuestión: los gastos extraordinarios ¿deben abonarse al 50% o en función de las posibilidades de cada progenitor, habrá de determinarse la proporción en que ambos progenitores contribuyan a afrontar estas cargas (artículo 145 del Código Civil)?

Sobre este asunto, no creo que pueda darse una respuesta unitaria. De lo que sí estoy convencida, es que en asuntos de familia es preciso un asesoramiento específico y concreto a cada caso. Y desde luego, merece la pena tomarse en serio el proceso de cada uno: las consecuencias van a permanecer durante mucho tiempo y los quebraderos de cabeza se pueden evitar haciendo bien las cosas desde el principio, dado que no siempre es posible hacer remiendos…